Mi formación académica, advierto de una vez, implica una nula competencia para sumergirme en los aspectos legales de los puntos propuestos por el gobierno nacional. Respecto a ellos, he leído a diversos expertos en el tema y sus minuciosas exposiciones me llevan a solidarizarme con sus refutaciones. Mi interés, y así mi aporte a la discusión, se centra en alumbrar las líneas que el poder, que se quiere dominante, se empeña en alejar de la vista del público, unir en un cuerpo coherente las piezas dispersas, elaborar una imagen concreta de las diversas abstracciones, arrancar el velo de las construcciones del lenguaje truculentas; en síntesis, me propongo mostrar las intenciones detrás del discurso de un gobierno determinado a imponer un proyecto de país contra la voluntad de sus ciudadanos.
Todavía hoy, hay quien vacila si denominar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura. Esta dificultad, a no dudar, se debe a un problema conceptual o, digámoslos así, a la idea instalada en nosotros de que las palabras y sus significados conforman una unidad inmutable y atemporal, como si las palabras que hoy conocemos significan lo que significan de una manera natural. En otros términos, dudamos en llamar dictadura al gobierno de Maduro debido a que pensamos en las dictaduras del siglo XX. Conviene recordar que las características de estas, igualmente, se diferencian radicalmente del significado original de la palabra, como lo explica Isaac Asimov en su libro Las palabras y la historia, en el que da cuenta de cómo un dictador era una figura romana cerca del año 509 A.C a quien el senado le otorgaba máximos poderes durante seis meses con el propósito de que solucionara de manera expedita un grave problema de la república, con lo que los senadores evitaban perder tiempo en interminables discusiones.
Visto así, lo que debemos es discernir de qué tipo de dictadura hablamos en el caso de Maduro y su gobierno. Se nos impone, por consiguiente, conectar los rasgos de esta dictadura con los puntos enumerados en su propuesta presentada antes los medios de comunicación el 2 de mayo pasado (http://albaciudad.org/2017/05/nueve-temas-asamblea-nacional-constituyente/). De igual modo, no huelga buscar algún modelo que nos brinde una imagen concreta de lo que amenaza en el horizonte. En tal sentido, mantendré que son las sociedades distópicas propias de la literatura de ciencia-ficción los modelos más cercanos a lo que acá debatimos. Caracterizaremos la dictadura de Nicolás Maduro con los siguientes atributos:
Estados de excepción y la guerra perpetua:
Afirma el filósofo italiano Giorgio Agamben que cuando todo forma parte de un estado de excepción, hay una generalización de los métodos policiales. Estrictamente dicho, la policía tiene permiso para acometer actos que la ley no autoriza. Las leyes que nos rigen habitualmente quedan así suspendidas. Vemos ahora qué establece la Constitución Nacional de Venezuela de 1999, en su artículo 337, respecto a esto:
El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican expresamente como tales las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de los ciudadanos y ciudadanas, a cuyo respecto resultan insuficientes las facultades de las cuales se disponen para hacer frente a tales hechos. En tal caso, podrán ser restringidas temporalmente las garantías consagradas en esta Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Hasta ahora, Nicolás Maduro ha prorrogado seis veces el estado de excepción (el último, sin permiso de la Asamblea Nacional cabe acotar, fue decretado el 13 de enero de 2017, según se lee en Gaceta Oficial), es decir, ha mantenido suspendidas, por un espacio prolongado y contra las leyes, nuestras garantías constitucionales. Nos ha instalado, para seguir suscribiendo las ideas de Agamben, en un estado de vida puramente biológica, desnuda, en la que ya no contamos con nuestro soporte jurídico como sujetos de derecho.
Un par de años atrás apunté que la denominada “guerra económica”, que el gobierno esgrime, tomaría un carácter de perpetuidad. En sustancia, el término “guerra económica” se trata de una metáfora conceptual con la que el gobierno enmarca una crisis que el mismo provocó. Adicional a este hecho evidente y por si persiste alguna duda de su condición metafórica, menester es observar que la situación en Venezuela no tiene los instrumentos inherentes al marco conceptual guerra (buques, aviones, bazucas, ametralladoras, portaaviones, tanques, misiles); ni tampoco los escenarios (trincheras, territorios invadidos, ciudades liberadas, ciudades situadas, playas de desembarcos); ni los actores (heridos, bajas, soldados de distingos rangos). Por consiguiente, no hay ni habrá nunca un parte de guerra sobre quién está ganando ni de cuándo va a acabar esta supuesta guerra. En cambio, este recurso del lenguaje le permite al gobierno nacional poner una imagen concreta y fácilmente comprensible en la mente de sus seguidores (se trata de la oposición confabulada con el imperialismo), al tiempo que asigna roles a su conveniencia, a saber, Venezuela se convierte en una víctima que el gobierno heroico rescata del villano inmoral e irracional, que no puede ser otro que la oposición. Así pues, mientras que la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y terminó en 1918, y la Segunda en 1939 y 1945, respectivamente, la guerra económica nunca finalizará. Ad infinitum.
Toda vez normalizada esta metáfora conceptual, el gobierno nacional acude a micrometáforas o metáforas derivadas de esta, tales como: “emboscar”, usada cada vez que hay un aumento de la crisis, o “bono de guerra económica”, término con el que Maduro denominó el bono especial para pensionados el pasado 30 de mayo, como parte del aumento con motivo del Día del Trabajador. Con relación a esto, ya se habrá notado, debemos decir que hay plena conformidad con los aspectos de las metáforas conceptuales, en la medida en que estas conforman nuestro sistema de pensamiento y, más importante, las acciones que llevan a cabo en la modificación del mundo real. Para simplificarlo, acordemos que Maduro ha configurado nuestra realidad a través de su ficción.
Con todo, el empleo de metáforas de este tipo por parte del gobierno no sabe de constricciones, pues, tan pronto Maduro tiene frente a sí algún tipo de crisis, echa mano de la metáfora bélica. De allí que en los últimos tres años hayamos escuchado al gobierno nacional hablar de la guerra eléctrica, la guerra petrolera, la guerra psicológica, la guerra memística (sí, de memes) y, más recientemente, la guerra de los panes, empleada como recurso previo a las expropiaciones de numerosas panaderías en Caracas. Y sin ánimos especulativos, podríamos imaginar escenarios futuros en los que habrá guerras acuáticas, guerras gasíferas, guerras educativas y así sucesivamente. Bastaría que la negligencia del gobierno resulte destructiva para algún factor de la vida nacional para que hable de una guerra. En cualquier caso, el gobierno nacional se representaría a sí mismo como liderando una gesta épica en la que debe rescatar a todos los venezolanos de la villanía opositora.
La lingüista norteamericana Robin Lakoff arguye que el significado nace de las luchas y quien lo imponga termina controlando la realidad. Esta idea tiene completa cabida en el marco del terrorismo que el gobierno de Maduro quiere imponer sobre las demandas justas y constitucionales de las protestas en su contra, que ya cumplen más de un mes. Son legítimas porque exigen que el gobierno cumpla con las elecciones regionales ilegalmente postergadas desde el año pasado, que respete las facultades naturales de una Asamblea Nacional democráticamente electa por una amplia mayoría, que abra un canal humanitario para que los venezolanos podamos tener alimentos y medicinas, que deje en libertad a los presos políticos, y que, por encima de todo, pare su Golpe de Estado continuado. No obstante estas razones morales y legales, Maduro, sus ministros, sus seguidores y sus medios de comunicación social, que en definitiva cubren el más amplio espectro de Venezuela, en razón de la censura y autocensura de los medios privados, intentan deslegitimar los reclamos enmarcándolos como actos de terrorismo, como si de ISIS o AL-QAEDA se tratase.
El terrorismo es un término que, muy a contravía, debemos evitar que el gobierno nacional vacíe de su significado real y lo encuadre sobre las marchas pacíficas y legítimas. Este uso, por supuesto, no es original ni mucho menos nuevo. Teun Van Dijk, por ejemplo, ha escrito abundantes trabajos sobre el tema. También Tzvetan Todorov le dedicó unas páginas en su ensayo Insumisos. En rigor, debemos manifestar resistencia contra este uso porque se perfila como el disparador del estado policial que se esconde detrás de la propuesta ofrecida por Maduro. Leamos primero el punto 4 y vayamos luego al 1 del documento:
- Potenciar el Funcionamiento del Sistema de Justicia, Seguridad y Protección del Pueblo.Señaló que debe estudiarse el sistema policial, investigativo, preventivo. El sistema penitenciario y policial, las nuevas penas, “duras penas contra delitos como la violación, el secuestro, el homicidio y otros más”. La guerra contra la impunidad. Señaló que quiere constitucionalizar nuevos elementos para una “justicia severa”. La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico debe debatirse.
- Ganar la paz, aislar a los violentos. Reafirmar los valores de la justicia, de la no impunidad”.Pidió, a través de un gran proceso de convocatoria al diálogo nacional uy social de los grandes temas, construir la paz verdadera.
Léase atentamente que los que supuestamente son dos puntos distintos realmente se preocupan por lo mismo, tienen el mismo objetivo. La ambigüedad del primero apunta a ser dicho sin tapujos en el cuarto. Sin embargo, lo más preocupante de esta parte es que formula un modelo de policía preventivo, como si nos encontráramos en una ficción de Philip K. Dick del corte de The minority report, en el que la policía interviene antes de que el crimen ocurra. Una mirada atenta descubre que estamos ante un estado policial en el que en nombre de la paz alguien podría ser encarcelado por solo sospecharse que está descontento con el gobierno. En síntesis, la etiqueta terrorista sobre quien manifieste su oposición legitimará que sea encarcelado.
Es en este punto en el que dos actores claves entran en juego. Los dos grandes escollos que Maduro siente como una maldición ancestral que quiere sacudirse de una vez: la Asamblea Nacional y la Fiscal General. Desaparecidos ambos, Maduro se encontraría a sus anchas para, por vía de perpetuos estados de excepción so pretexto de la “guerra económica” o cualquier otra guerra con la que se encapriche, ejercer poderes ilimitados sin rendirle cuentas a la Asamblea ni a nadie, mientras que la anulación de la fiscalía le permitiría procesar a los acusados de cualesquiera guerras a las que aludido en tribunales militares. A fin de cuentas, un acto terrorista (todo será un acto terrorista) es un acto considerado de guerra. Si bien los tribunales militares ya se encuentran enjuiciando a civiles, como sabemos, Maduro necesita hacer de esta violación del debido proceso y de los derechos humanos una ley. Precisémoslo: Maduro, decretador de oficio, necesita legalizar el delito cuanto antes.
No cabe duda de que en el Estado policial que busca instaurar Maduro otro dolor de cabeza es el artículo 350 establecido en la Constitución Nacional de 1999. Esta sería otra de las cabezas degolladas bajo el pretexto de que la ultraderecha malinterpreta este artículo, y que se presta para que los terroristas encuentren amparo. De manera que el bienintencionado Maduro eliminaría de un solo tajo este instrumento que les permite a los ciudadanos rebelarse contra la tiranía. En nombre de la paz, rodarán muchas cabezas y derechos. Tengamos en cuenta que las últimas declaraciones de representantes del gobierno y mandatarios afines, como lo hizo ayer en Telesur la expresidenta argentina Cristina Fernández, acusan a los opositores de usar los instrumentos de las democracias para dar golpes de Estado.
El resto de la exposición de Maduro es un monstruoso galimatías, en el que habla de reafirmar “los valores de la justicia” y “la no impunidad”, así como “construir la paz verdadera”. Incluso un niño tendría dificultad en entender que se elabore una nueva constitución para reafirmar lo que ya existe, a saber, valores de justicia y la no impunidad. Si el objetivo es refrendar, ¿no sería más sensato dejar intacta la Constitución? Más atolondrado quedaría el infante al tratar de entender que existe una paz verdadera (¿hay paz falsa?), o que si en este momento tal idea paradójica no existe, se debe a la Constitución y no a su incorrecta aplicación. Lo de las duras penas contra la violación, el secuestro y el homicidio es el ridículo al que se sacrifica Maduro, tras innumerables planes de seguridad o, cuando menos, negar estos hechos, solo para que no se haga tan evidente su propósito de aplastar cualquier iniciativa contra su gobierno.
Biocontroles:
No han sido pocos los pensadores contemporáneos que han alertado sobre el desfase que se producirá entre la ciudadanía y el entendimiento del funcionamiento de fenómenos complejos, como, por poner los dos ejemplos más paradigmáticos, la tecnología y la ciencia, cuyo avance alcanza tal grado que no es comprensible para cualquiera. Su sofisticación amerita conocimiento especializado. En cuanto a esto, Maduro es uno de los tantos presidentes que amenaza con ejercer un control que se ramifica de forma descendente hasta los sustratos más biológicos del individuo. Cuando hablamos de esto, desde luego que nos referimos al llamado Carnet de la patria, un documento paralelo a la cédula de identidad cuyo radio de control, según lo ha declarado Maduro en repetidas ocasiones, debe abarcar la sociedad venezolana total.
El avance de dicha carnetización a la par de la crisis alimentaria galopante, como ya han hecho notar estudiosos del tema, pone de relieve su propósito de crear un clientelismo favorable al presidente. Solo comerá quien tenga carnet de la patria. El problema, como es ampliamente sabido, es que los carnet y las bolsas de comida CLAP (Comité Local de Abastecimiento y donde la P no significa nada, pues no producen nada) son dominados por el partido del gobierno, es decir, el PSUV.
Vayamos ahora al documento en cuestión:
- Impulsar las Nuevas Formas de la Democracia Participativa y Protagónica, y la Democracia Directa. Recordó que los CLAP son democracia directa económica, y los consejos comunales son democracia directa en lo social y lo político. La democracia protagónica, participativa y directa deben fortalecerse. Hay que constitucionalizar las comunas y los consejos comunales, “llevarlos al rango más alto del país”.
Como se puede observar, y al mismo tiempo conviene recordar las reiteradas declaraciones de Maduro, los CLAP no son una solución transitoria al problema de la escasez y el desabastecimiento. Se trata, todo lo opuesto, de la normalización y la legalización de la venta de bolsas de comida. Las palabras del Ejecutivo han sido que vendrán bolsas de medicamentos, de productos de aseo diario, de artículos de limpieza y de un largo etcétera. Para decirlo todo, la vida dependerá de que, según una de las frases más infames de Maduro, infames pues las pronuncia quien se supone que debe ofrecer soluciones políticas, Dios provea para que las bolsas lleguen a tiempo si acaso llegan algún día. Para alimentarse, vestirse, perfumarse, recrearse y atender sus problemas de salud, deberá rendirle culto a los líderes del PSUV, Maduro y Cabello. Ya ni hablemos de los múltiples focos de corrupción que esto provocará. Y en caso de que se ponga reacio recuerde que podrá ser llevado ante la corte militar por ser un declarado terrorista que atenta contra la paz de la comunidad. Dicho en términos lacanianos, ‘terrorismo’ se convertirá en un significante amo que reconfigurará el nuevo orden social.
Corporativismo militar:
No parece riesgoso señalar que Maduro emprende una dictadura posideológica. Un punto neurálgico del atolladero en el que nos encontramos es que la Asamblea Nacional se iba a negar concederle la creación de empresas mixtas. Acá, lo que está en juego son sumas multimillonarias de las manos de las más poderosas trasnacionales del planeta. Algunos analistas le han atribuido esto a la necesidad de Maduro por mantener la clientela y algo de eso estoy convencido de que hay, pero no deja de ser una señal nítida el hecho de que Maduro simpatice con el magnate presidente Donald Trump y que, además, se rodee de un grupo de empresarios que cuando no son financiados por el gobierno, sirven de testaferros o están involucrados en algún negocio del Estado. Por su perfil, luce inadecuado incorporar a Maduro en el socialismo, el comunismo, el capitalismo, el neoliberalismo o cualquier –ismo similar. Si, como lo ha constatado van Dijk, las ideologías se yerguen sobre una creencia, son fundamentalmente creencias, Maduro, si acaso representa un pastiche posmoderno en su más descarnado cinismo. Quizá el gobierno nacional consiste en grupo de rapiña que mantiene su armonía y cohesión conforme cada uno reciba una parte del botín.
De modo que mientras crea empresas mixtas multimillonarias y ofrece concesiones que ponen en peligro el medio ambiente de la nación, Maduro le ofrece bolsitas de comida al resto de los venezolanos. Mención aparte merecen los militares, quienes son miembros de honor en la repartición del pastel. Esta es la consabida unión cívico-militar tan presente en el discurso del gobierno. Este par conforma la llamada boliburguesía enchufada.
Apuntes finales:
El esquema tripartito tratado hasta acá es el que rige la propuesta presentada por el gobierno nacional. El resto de los temas remiten a ellos directa o indirectamente. Disfrutar de una misión, por ejemplo, dependerá de si se está inscrito en el PSUV, que, como hemos visto, implicaría ahora suministrar una serie de datos íntimos para obtener el carnet de la patria, ese Big Data criollo. Y quien no lo tenga corre el peligro de ser sospechoso de terrorismo.
Desde esta perspectiva, ni siquiera parece necesario que Maduro alargue el periodo presidencial, pues dispondrá de constantes estados de excepción so pretexto de salvar a la patria de cualquier amenaza ficticia, de cualquier guerra inventada en el discurso. Bajo esta lógica, por descontado, aumentará el costo de material bélico y los grupos paramilitares.
No obstante todo lo expuesto hasta acá, antes habría que considerar la propuesta de Asamblea Constituyente desde la concepción de actos de habla fallidos estudiados por John Austin. A decir de este filósofo del lenguaje, un acto de habla falla cuando no se enuncia en las condiciones apropiadas. Pongamos por caso los estudiantes que con las palabras de juramento y conferimiento de título del rector, quien habla con la autoridad de la institución, se convierten en profesionales. En cambio, si en esta situación otro alumno cualquiera hiciera el juramento y confiriera el título, el acto sería fallido. En este orden de cosas, podemos sentenciar que la propuesta de Asamblea Constituyente es un acto de habla fallido simplemente porque se deriva de un golpe de Estado y lo presenta precisamente la fuerza golpista. Esta propuesta, sin que quepa la menor duda, nace nula. Se autoanula. Se invalida a sí misma tanto como un ladrón que tras delinquir proponga una ley que le permita cometer sus delitos, esto es, perpetrar delitos acatando una disposición constitucional.
Sea como fuere, si hemos de asociar este modelo con alguna sociedad de los mundos de la ciencia ficción, el ejemplo ilustrativo más cercano es Los juegos del hambre, de la escritora Suzanne Collins, por cuanto que este es un Estado totalitario en control de los sustratos biológicos de los individuos. Análogamente, la propuesta de Maduro robustece una élite PSUV-Militar y corporativa, mientras que el resto de los ciudadanos dependerá de una bolsa de enseres de todo tipo por vía constitucional. Así, ante cualquier tanteo de protesta en justo reclamo de los derechos, el gobierno, que siempre estará en estado de excepción, podrá declarar el estatus de terrorista para que los tribunales militares encarcelen al mentado agente del terror. Al igual que la obra, la pieza más codiciada serán los jóvenes, a quienes no lo quedarán más opciones que, por un lado, rebelarse y triunfar o morir en el intento, o asimilarse a la boliburguesía en caso de que demuestren un talento fuera de serie, uno que la élite boliburguesa pueda explotar para su funcionamiento eficaz.
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Maikel Ramírez (Venezuela). Profesor en la Universidad Simón Bolívar (USB). Narro y escribo artículos sobre la literatura, la lengua, el cine, la música y otras cosas de la cultura. Textos míos han sido publicados en Letralia, Ficción Breve, Sorbo de Letras y en el suplemento cultural del diario aragüeño El Periodiquito.
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